“Eutanasia Cero” Un victoria de la sociedad catalana, lograda gracias a la concienciación social y política

Una mirada a la joven Historia del movimiento animalista en nuestro país.

Dos acontecimientos marcaron el camino de la Historia para lograr el fin de las matanzas de animales en las perreras municipales catalanas, la repercusión mediática de las filmaciones con cámara oculta en la perrera municipal de Mataró (2000)  y la mutilación de 15 perros en la Protectora de Animales de Tarragona (2001). Dos casos que conmovieron y movilizaron a la sociedad catalana hasta lograr cambios legislativos muy importantes.

La realidad de los centros municipales de acogida de animales de compañía:

El año 2000 empezó con una noticia que conmocionó la opinión pública española, la empresa que gestionaba la perrera municipal de Mataró[1] había sido denunciada por utilizar métodos de crueldad extrema en los sacrificios animales[2].  Por primera vez, la mayoría de ciudadanas y ciudadanos de este país pudieron ver imágenes de las prácticas habituales que padecían los animales de compañía en una perrera municipal. En aquél entonces, en Cataluña era legal y habitual sacrificar perros y gatos, y el movimiento en defensa de los Derechos de los Animales era muy minoritario, pero desde aquél día en que los noticiarios de todas las cadenas de televisión españolas mostraron imágenes de la noticia, el movimiento animalista no paró de crecer, tanto en Cataluña, como en el resto de España.  

El caso que destapó la realidad de las perreras:

En fecha 25 de Enero del año 2000, una noticia generó un especial asombro en la opinión pública catalana, la Asociación por la Defensa de los Derechos del Animal (ADDA) había presentado una denuncia contra la empresa Inmatur, filial de la empresa francesa SACPA, por incumplir la normativa catalana de bienestar animal (Ley  3/1988 de Protección de los Animales) en el sacrificio de perros y gatos en las instalaciones municipales de la perrera de la ciudad de Mataró (Barcelona).  La noticia provocó una gran debate social aunque, el sacrificio de animales en  perreras no era algo ignorado por la sociedad, sin embargo, el debate giró entorno a la prueba con la cual ADDA acompañaba la denuncia: una grabación con cámara oculta de dos jornadas de sacrificios de perros y gatos, en la que se podía ver la extrema crueldad que sufrían los animales. Las imágenes causaron verdadero estupor y no era para menos. Esta grabación convirtió en una cuestión de actualidad el uso de cámaras de gas CO2 en las perreras, algo que, por supuesto, muchísimos ciudadanos ignoraban.[3]

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Hasta el año 2007, la Ley relativa a la protección de los animales de la Generalitat de Catalunya permitió el sacrificio de animales de compañía en las perreras gestionadas por ayuntamientos. La Ley catalana, aprobada en 4 de Marzo de 1988,  fue la primera ley de estas características elaborada en España y siempre se caracterizó por ser la más avanzada.  No obstante,  se permitían estas matanzas llamadas, eufemística o tergiversadamente, eutanasias, aunque para nada la definición de eutanasia, se ajustaba a la realidad, ya que se mataba a animales jóvenes y sanos con métodos que tampoco eran compasivos. En la ejecución de las “eutanasias” legalmente se permitía el uso de gas CO2,  pero no para matar, sino para aturdir a los animales antes de proceder a darles muerte. A raíz de los hechos denunciados en Mataró, quedó al descubierto que a la práctica las cámaras de gas se utilizaban como herramienta para matar, ya que así se minimizaban costes.  Irregularidades como el hecho de sacrificar directamente en la cámara de gas CO2, proceder a la incineración sin comprobar que los animales hubieran muerto, muerte por inanición de cachorros, ausencia de atención veterinaria, sacrificio con inyecciones de aire… y un sin fin de barbaridades normalizadas[4], se convirtieron en cuestión de debate social y político, ya que las grabaciones con microcámara, obtenidas por Marc Planas, un trabajador infiltrado de tan solo 22 años, destapaban una realidad muy desagradable[5], además, la empresa que gestionaba la perrera denunciada en Mataró, era la misma en más de veinte municipios barceloneses.[6]  Posteriormente, ADDA denunció a la misma empresa por irregularidades cometidas en las instalaciones del municipio de La Llagosta[7] y también a otra empresa, Coll i Miró, concesionaria del servicio municipal de perrera en Sant Boi de Llobregat, por utilizar inyecciones de un paralizante muscular que provoca muerte por asfixia sin que el animal pierda la conciencia, causando una larga y dolorosa agonía.[8]

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Marc Planas, un joven de 22 años concienciado sobre los Derechos de los Animales, empezó como trabajador en la perrera municipal, alquiló una microcámara que camufló en el bolsillo del impermeable del uniforme de trabajo. Consiguió cinco horas de imágenes en las cuales se podían ver dos jornadas de sacrificios y los rincones de la perrera. Después de conseguir las grabaciones,  entregó la cinta a ADDA y solicitó la baja en la empresa por ansiedad. Después de presentar la denuncia, recibió amenazas por parte de la empresa.

La repercusión mediática conllevó una gran respuesta social, con la movilización y la protesta ciudadana. Se convocaron manifestaciones, los periódicos recibieron cartas de lectores conmovidos, se llevaron a cabo recogidas de firmas…, con lo cual, la repercusión política no se hizo esperar.  No obstante, el portavoz de la empresa SACPA, Manel Serrano, negó las acusaciones afirmando que el vídeo era una manipulación[9].

Pepita Canals, entonces presidenta de la Societat Protectora d’Animals de Mataró, entidad fundada en el año 1971, pronunció al respecto que el Colegio de Veterinarios debería tomar algún tipo de medidas en relación a los profesionales que trabajaran para SACPA. Maria Cristina Oferil, presidenta de la Federació Catalana de Protectores d’Animals i Plantes, declaró que era una vergüenza que existiera tal falta de control y que nadie hubiera detectado antes tantas irregularidades.[10]  Era evidente que era necesaria una reforma de la ley y la ciudadanía así lo pedía.

La primera reacción política fue por parte del Ayuntamiento de Mataró, el concejal del Departamento de Sanidad, Oriol Batista (PSC), anunció que se paralizaría y que se estudiaría rescindir el contrato con la empresa SACPA y en Febrero del mismo año, el equipo consistorial prohibió el uso de gas CO2 en los sacrificios.[11]

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La siguiente respuesta política fue en el Parlament de Catalunya.

El presidente del Consell Nacional y diputado de ERC, Joan Ridao, presentó una proposición, para crear un grupo de trabajo parlamentario que desarrollara la reforma de la ley catalana y el Código Penal. Según Ridao, la Ley había quedado ya “superada”[12].    Felip Puig (CiU),  que en aquel entonces era Conseller de Medi Ambient, se mostró predispuesto a elaborar una nueva normativa relativa a los sacrificios de animales “no deseados” en las perreras catalanas[13].  Sin embargo, el hecho que la normativa vigente solo estableciera sanciones económicas simbólicas para los maltratadores, tanto particulares como empresas, ponía de manifiesto que la ley resultaba totalmente insuficiente y laxa para proteger a los animales.

En fecha 25 de Febrero de 2000, el Conseller Felip Puig compareció en una comisión con representantes veterinarios y de protectoras de animales para presentar el Decreto para la modificación de la Ley, con la finalidad de mejorar el trato a los animales de compañía en Catalunya y poder sancionar con mayor contundencia a los maltratadores[14].

En el nuevo Decreto aprobado en el Parlament de Catalunya estableció la prohibición de los siguientes métodos para sacrificar animales facilitando la imposición de sanciones económicas que oscilarían entre 250.000 y 2.500.000 pesetas[15]:

– Bala Cautiva

– Ahogamiento

– Dislocación del cuello

– Golpe

– Metoxiflurano

– Tricloretileno

– Cloroformo

– Hidrato de Cloral

– Sulfato de manganeso

– Descompresión

– Estrangulamiento

– Monóxido de carbono

– Nitrógeno

– Ácido Cianhídrico

– Gas Cianhídrico

– Estricnina

– Decapitación

– Asfixia

– Embolia gaseosa

– Dióxido de carbono

– Protoxido de Nitrogeno

– Eter Dietílico

– Ciclopropano

– Nicotina

– Agentes paralizantes musculares

Durante el mismo año, el consistorio de Mataró aprobó en el pleno municipal vetar el sacrificio de animales de compañía en el municipio, cedió unas instalaciones nuevas a la Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM)[16], conocidas como el refugio de Cal Pilé,  y cedió la gestión del CAAC a otra entidad de filosofía animalista, la Fundación Altarriba. Por primera vez, un Ayuntamiento concedía la gestión de la perrera municipal a una entidad proteccionista que aplicaría el modelo de sacrificio cero y este fue el comienzo del nuevo modelo catalán. La colaboración entre la administración pública y las entidades protectoras hizo posible poner en práctica el primer ejemplo en el cual no se sacrificaría y se fomentarían las adopciones junto con la tenencia responsable.  La Fundación Altarriba, gestionó el CAAC de Mataró hasta el año 2005, año en que estas instalaciones comenzaron a ser gestionadas por la SPAM, la protectora local. El nuevo proyecto dirigido por Silvia Serra e Isabel Navarra quienes, poco a poco, con gran esfuerzo y voluntad, fueron adaptando y perfeccionando el modelo de funcionamiento de los dos centros, con acordes dirigidos a lograr la profesionalización de los refugios y consolidación del modelo proteccionista.[17] Este fue el principio del camino para elaborar la Ley que abolió las matanzas de animales de compañía, en Catalunya.

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En fecha 11 de Febrero de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya  (TSJC) impuso una sanción de 9.015 euros a la empresa SACPA por el uso de métodos crueles en el sacrificio de animales. La empresa alegó que los sacrificios eran efectuados por un veterinario colegiado mediante eutanasia con administración previa de productos sedantes. No obstante, el TSJC consideró acreditado «el sacrificio de animales mediante malos tratos al utilizar métodos que no garantizan el mínimo sufrimiento» y que no provocan una pérdida de consciencia inmediata[18].

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La vulnerabilidad de los animales y una legislación demasiado laxa:

La mutilación de quince perros en Tarragona fue un detonante para modificar el Código Penal y mejorar la legislación catalana, dado que el impacto social de este caso hizo tomar consciencia social de lo injusta que es nuestra sociedad con los animales.

El impacto social respecto a la injusta realidad que padecen los animales no se terminó con el caso de la perrera de Mataró. Durante la noche del primero de Noviembre de 2001 tuvieron lugar en la Societat Protectora de Animales de Tarragona unos hechos macabros que muchos no podremos olvidar jamás: la mutilación de las patas delanteras de quince perros.

Durante aquella noche, los quince animales fueron sustraídos de las instalaciones de la protectora ubicada en la autovía Tarragona-Reus. Los asaltantes provistos con mantas, cuerdas y una sierra, les ataron, les mutilaron las patas delanteras y les dejaron morir por desangración. A la mañana siguiente, un trabajador, encontró todavía algunos de los animales agonizando.  Han pasado más de diez años y todavía, no se ha sabido ni quién, ni por qué de semejante monstruosidad[19].

Las personas involucradas en la defensa de los animales son conscientes que cada día se cometen atrocidades contra los animales, pero esta, llamó la atención en los medios de comunicación, por ello, este caso, generó especial indignación social. El impacto y la indignación social y política por estos hechos tampoco se hizo esperar, esta vez, el debate giró entorno de la exigua que resultaba la Ley relativa a la protección animal, ya que los autores de esta atrocidad solamente podían ser condenados a pagar una multa. La indignación que causaron estos hechos en Tarragona instaron al alcalde de la ciudad, Joan Miquel Nadal (CiU), a pedir cambios legales y que el Conseller de Justicia, Josep Guàrdia (CiU), también declarara que partidario de sanciones más contundentes que una multa,  calificando los hechos de “barbaridad”[20].

Estos tristes, incalificables y demoledores hechos ocurridos en Tarragona, fueron un detonante para la movilización social para exigir una modificación del Código Penal, para la calificación legal como delito del maltrato animal y, al mismo tiempo, hicieron tomar consciencia de que nuestra sociedad era tremendamente injusta, cruel y desagradecida con los animales[21].

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Catalunya fue pionera en 1988 en elaborar la primera Ley relativa a la protección animal en el Estado español y, en 2003, elaboró una Ley muy avanzada a nivel europeo, la derogación del Decreto de 1988 para dar paso a una nueva Ley que vetaría el sacrificio de animales de compañía en las perreras municipales.

El 4 de Julio de 2003 el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 22/2003 relativa a la protección de los animales derogando la Ley 3/1988 de 4 de Marzo, como se menciona en el preámbulo del texto, con la finalidad de adaptarla a la evolución de la sociedad catalana: “La present Llei respon a la necessitat d’adaptar la situació legal de Catalunya a les novetats que es van produint i a l’evolució que la societat catalana ha experimentat en aquesta matèria. Per aquest motiu, aquesta Llei fa una nova definició del concepte d’animal de companyia, en regula la protecció i, més especialment, es configura com una disposició marc de protecció dels animals, amb l’objectiu principal d’incrementar la sensibilitat dels ciutadans respecte a la protecció dels animals.”

Una de las principales diferencias evolutivas, la encontramos en el Artículo 11.

Preámbulo:

“A aquests drets que se li atorguen s’afegeix la prohibició del sacrifici de tots els gossos i els gats que han sofert abandonaments per manca de responsabilitat de llurs propietaris i que, malgrat això, mereixen que la seva vida transcorri en condicions dignes i sigui respectada.”

Article 11

Sacrifici i esterilització d’animals

1. Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en general,excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via reglamentària.

Ver: http://www.consum.cat/legislacio/LL_22_2003_animals.pdf

La Ley establece que la gestión de recogida y mantenimiento de los animales es competencia de los ayuntamientos, el plazo máximo para seguir permitiendo los sacrificios se estableció en el año 2007, no obstante, alegando a la falta de recursos económicos, el despliegue de la Ley, todavía hoy no se ha logrado en la totalidad del territorio catalán.

Catalunya elaboró la Ley “Eutanasia Cero”; es decir: la abolición de las matanzas de los animales de compañía que nuestra sociedad hubiere tachado como “indeseables”,  un logro del movimiento proteccionista, conseguido gracias a la concienciación y movilización de la sociedad y a la sensibilización política, logro puesto en práctica gracias a la colaboración entre Administración y entidades protectoras.

Helena Escoda Casas
Licenciada en Historia UAB
Posgrado en Derecho Animal


[1] EL PAIS, 28 de Enero de 2000.

[2] La Noticia Publicada en El Periódico de Catalunya en fecha Martes 25 de enero de 2000.

http://archivo.elperiodico.com/ed/20000125/pag_022.html?search_FechaDesde=25/01/2000&search_FechaHasta=25/01/2000

[3] Tribuna de Mataró, Pág. 4, Febrero, 2000.

[4] AVUI, Pág. 26, 28 de Enero de 2000.

[5] AVUI, Pág. 26, 28 de Enero de 2000.

[6] EL PUNT, Pág. 4, 25 de Enero de 2000.

[7] VILAWEB, 30 de Enero de 2000.

[8] EL PUNT, pág. 4 Martes 25 de Enero de 2000.

[9] AVUI, Societat, Enero de 2000.

[10] EL PUNT; Pág. 4, 25 de Enero 2000.

[11] LA VANGUARDIA, Pág. 31, Sociedad, 1 e Febrero de 2000.

[12] VILAWEB, 30 de Enero de 2000.

[13] AVUI, Pág. 29, 26 de Febrero de 2000.

[14] AVUI, Pág. 29 26 de Febrero de 2000.

[15] AVUI, Pág. 29, 26 de Febrero de 2000.

[16] REVISTA PELUTS, Ed. 14. Editada por la Spam, Art. Por Dunia Ramiro.

[17] Revista ADDA, Núm. 37.

[18] ABC, 11 de Febrero de 2003.

[19] EL PERIÓDICO, 5 de Noviembre de 2001.

[20] EL PERIÓDICO, Pág.35,  6 de Noviembre de 2001.

[21] AVUI, Pág. 25, 3 de Diciembre de 2001.